Un grave escándalo sacude a la SEREMI de Desarrollo Social de Ñuble, tras denunciarse que su titular, Marta Carvajal, junto a su jefe de gabinete, Viviana Caro, mantienen una millonaria deuda cercana a los $7 millones de pesos con la empresa concesionaria de parquímetros ECM, a cargo del sistema de estacionamientos de superficie en Chillán.
De acuerdo con los antecedentes, ambas autoridades estacionarían frecuentemente sus vehículos afuera de las oficinas de la SEREMI, ubicadas en la intersección de 18 de Septiembre con Vega de Saldías, sin pagar por el servicio correspondiente, acumulando con el tiempo una deuda excepcionalmente elevada.
Según se observa en un documento al que “El Ñublensino” tuvo acceso, la deuda de la secretaria regional ministerial alcanza los 2 millones 151 mil doscientos tres pesos, mientras que la de su jefa de gabinete supera ampliamente los 4 millones.
Los anterior, derivado del no pago por estacionamiento de los vehículos Suzuki Baleno patente PBWX-65 año 2020 propiedad de la seremi y el Hyundai Gran I 10 año 2023, patente SHDW-51 , cuya dueña según consta en la imágenes adjunta es Viviana Caro.
La situación ha generado profunda indignación ciudadana y preocupación entre trabajadores de ECM, quienes temen que una deuda de esta magnitud pueda derivar en descuentos aplicados al personal operativo, como medida de compensación interna.
Crisis de credibilidad y crecientes exigencias de renuncia
El caso ha levantado fuertes cuestionamientos a la credibilidad personal y profesional de Marta Carvajal, considerando el rol público que ejerce y el estándar de probidad esperado en su función.
Diversos dirigentes sociales y actores políticos locales han comenzado a exigir su renuncia inmediata, argumentando que un comportamiento de esta naturaleza “es incompatible con la ética pública y con la responsabilidad que se demanda a una autoridad”.
En el plano político, el escándalo abre un flanco adicional, debido a que Carvajal ha expresado públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, lo que genera inquietud en sectores vinculados al comando y se proyecta como un posible factor de desgaste reputacional en plena carrera electoral.
Reacciones y medidas en evaluación
Desde las agrupaciones ciudadanas que impulsan la denuncia afirman que el silencio institucional solo agrava la percepción de abuso.
“Si la autoridad que dirige políticas sociales no paga ni siquiera un parquímetro, es imposible pedir confianza en su gestión. La renuncia es lo mínimo”, señaló una fuente que prefiere mantener su anonimato.
Por su parte, la empresa ECM evalúa acciones legales y administrativas para recuperar el monto total adeudado, lo que incluye mecanismos de cobro formal o judicial.
En paralelo, organizaciones sociales anunciaron que evalúan convocar movilizaciones afuera de las oficinas de la SEREMI si en las próximas horas si no existe una respuesta o compromiso de solución.
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